En 2019, después de haber recibido amenazas de muerte vinculadas a sus publicaciones, había solicitado la ayuda del mecanismo nacional de protección de periodistas, UNP (Unidad Nacional de Protección), que le concedió un esquema formado por un escolta, un botón de emergencia y un chaleco antibalas. Estas medidas estaban aún vigentes cuando, el 12 de julio de 2022, solicitó una revisión de su dispositivo de protección a la UNP, a través de la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa), organización aliada de RSF en Colombia, pues había recibido nuevas amenazas y temía ser atacado. La UNP debía, tras un proceso de 90 días, tomar la decisión de reforzar o no las medidas, pero la decisión no fue tomada a tiempo.

Por otra parte, y según varias fuentes consultadas por RSF, el escolta que lo acompañaba desde 2019 no estaba presente en el lugar de los hechos, cuando Rafael Emiro Moreno fue asesinado.

En febrero de 2022, RSF publicó un informe inédito sobre los mecanismos de protección de periodistas en Honduras, Colombia, Brasil y México. El documento señala las deficiencias de la UNP y ofrece una serie de recomendaciones específicas destinadas a reforzar su eficacia.

Otros dos periodistas, Leiner Montero y Dilia Contreras han sido asesinados en Colombia en 2022, concretamente el pasado 28 de agosto, en el departamento de Magdalena. Sin embargo, los altos niveles de impunidad en el país no permiten esclarecer los móviles ni dar con los responsables.