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Ni un paso atrás: Columna de Rodrigo Arce Ortiz desde Bolivia

Rodrigo Arce Ortiz. Abogado defensor de derechos humanos

Por primera vez, un Estado (Francia, 2024) asume como derecho constitucional, la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, aún en muchos países del mundo penalizan o criminalizan a la mujer, sin considerar sus razones personales, si ésta decide abortar. El Estado actúa con toda su institucionalidad y ejerce su rol punitivo, ejerce toda su fuerza contra ella, a las que pueden perseguir penalmente y dejarla en total desprotección y abandono; ellas se ven obligadas a acudir clandestinamente a centros de salud (u otros lugares insalubres) exponiendo sus vidas.

Un caso a nivel internacional es el de Amanda Jane Mellet Vs Irlanda, en el que podemos establecer con claridad, como una mujer no tiene ninguna protección por parte del Estado. En este caso, la médico le dijo a la paciente: “en esta jurisdicción no se pueden practicar abortos. Algunas personas en su situación pueden optar por viajar”. No le explicó a qué se refería con “viajar”; sólo le dijo que tenía que ser al extranjero. No le recomendó un lugar adecuado donde se practicarán abortos en el Reino Unido. La situación de Amanda se asemeja a la de muchas mujeres en el mundo.

Una forma de discriminación a la mujer embarazada es la de negársele el acceso a un aborto seguro, restringiendo su derecho a la autonomía y los derechos sexuales y reproductivos de ellas. Los Estados al penalizar el aborto limitan y restringen un derecho exclusivo de las mujeres como es la autonomía en la toma de decisión de su propio cuerpo. La penalización y la eventual condena por parte del Estado, deja de lado el análisis de que el aborto se constituye en una problemática compleja y debe ser abordada desde diferentes áreas, como ser: la salud pública, los derechos sexuales y reproductivos, factores sociales y económicos.

Es un problema de salud pública, desde dos escenarios, el primero referido a la restricción del aborto y su eventual criminalización no han evitado que se practique el mismo, con serias dudas de las y los profesionales que lo llevan a cabo, generándose abortos ilegales e inseguros; segundo porque las mujeres deben acudir a abortos clandestinos, en condiciones no aptas y exponiendo sus vidas. En Latinoamérica podemos citar el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Beatriz vs. El Salvador”. El embarazo de Beatriz fue una situación compleja, en la que el feto presentaba anencefalia, situación que derivó en una complicación para la vida de Beatriz. En un centro hospitalario, Beatriz tuvo un parto extraordinario, situación por la que fue condenada por el Estado de El Salvador. El Estado no garantizó un aborto seguro para la vida de Beatriz, sin embargo, si condenó sus consecuencias. Los Estados, conforme lo ha recomendado el Comité de los Derechos Humanos, deben garantizar a las mujeres embarazadas un acceso al aborto seguro, en el que no se expongan sus vidas y tampoco sean sometidas a tratos crueles e inhumanos.

El aborto se constituye en una problemática social económica puesto que en muchos países los servicios de salud, la pobreza y los escasos recursos no permiten que las mujeres embarazadas accedan a un aborto que les garantice primero su vida y segundo les faculte decidir en torno a la planificación de sus vidas.  Las complejas relaciones estructurales de los Estados, la falta de trabajo, los medios idóneos para vivir, los miedos y estigmas y prejuicios sociales son muchos de los factores que impiden a una mujer embarazada, asumir la responsabilidad de llevar adelante su embarazo.

Hay una visión reproducida de las mujeres como objeto y no como sujetos de derecho y portadoras de dignidad. La predisposición de las autoridades es a asociar el aborto con lo ilegal, lo criminal y el libertinaje de las mujeres, que opera en el momento de levantar la denuncia, de investigar y de sentenciarlas.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece en su art. 16 el derecho de elegir: “decidir libre y responsablemente el número de hijos… y los medios que les permitan ejercer estos derechos”, sentándose las bases de los derechos reproductivos (Copelon y otras, 2005). Bajo este razonamiento, las mujeres embarazadas deben ser consideradas como sujetos de derechos con autonomía. Limitando el poder punitivo del Estado en la criminalización del aborto, convirtiéndolo en garante de los derechos de las mujeres a un aborto en condiciones de acceso a la salud.

En muchos países, se dieron avances significativos en torno al aborto. La interrupción legal del embarazo, en el que las mujeres deben cumplir requisitos (impuestos por el Estado) para acceder solo en ciertas circunstancias al aborto, entre las cuales están las derivadas o a consecuencia de delitos sexuales, posibilidad de riesgo en la vida de la madre gestante y de la vida del feto, sin embargo, los Estados y la sociedad en su conjunto, prestadores de los servicios de salud, entidades de atención y protección deben encaminar sus legislaciones hacia la derogación del tipo penal del aborto.

La penalización del aborto voluntario no impide, que éstos se realicen y no aborda la problemática estructural que conlleva un embarazo, debiendo el Estado proteger el derecho a elegir ser o no madre, el derecho a la vida y el acceso a la salud evitando la precariedad y clandestinidad, el derecho a no ser satanizadas por un acto, son las aspiraciones de un aborto voluntario.

En Francia (2024) el primer ministro Gabriel declaró antes de la votación, que los legisladores tenían una “deuda moral” con las mujeres que, en el pasado, se vieron obligadas a soportar abortos ilegales. “Por encima de todo, estamos enviando un mensaje a todas las mujeres: tu cuerpo te pertenece” (“Francia se convierte en el primer país del mundo que consagra … – KTVZ”)

Estamos en un momento de la historia, donde podemos establecer un nuevo marco de protección de los derechos reproductivos de las mujeres, reconociéndolas como sujeto de derechos y de dar otorgar tutela efectiva en materia de derechos humanos de no discriminación, autonomía y derechos sexuales reproductivos de todas las mujeres embarazadas.

 

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